Los mayores contribuyentes muestran una economía lenta
Las empresas que más tributan en Bolivia, en conjunto pagaron impuestos en 2017 por un monto de Bs.- 22.598 millones, levemente inferior a los 23.774 millones de 2016, muy por debajo de los 29.844 millones de 2015 y mucho menos que los 35.069 millones de 2014.
Es una realidad difícil de ocultar. Los precios a la baja en el mercado internacional del gas que Bolivia exporta, a Brasil y Argentina, mermaron los ingresos fiscales al Estado por concepto de impuestos internos en 2017, una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años.
El reciente informe publicado por el Servicio Impuestos Nacionales (SIN), en su memoria institucional 2017, muestran una verdad cruda que para el actual Gobierno del Presidente Evo Morales sería mejor no revelar.
Los ingresos por impuestos (recaudados por el Nivel Central), principal fuente de financiamiento de los gastos del Estado, disminuyeron el año 2016; y para 2017 y 2018 no logran alcanzar los niveles registrados en 2014 y 2015, aseguran los analistas financieros René Martínez, de la Fundación Jubileo, y el académico de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Germán Molina.
En su memoria anual, el SIN señala que la gestión 2017 enfrentó un escenario distinto en comparación a gestiones anteriores respecto de las recaudaciones, debido a dos factores: La situación de inestabilidad de precios en el sector petrolero, porque presentó una leve recuperación de las cotizaciones, aunque sin llegar a los niveles del primer lustro de esta década; y un periodo de regularización de pagos incentivado por la aplicación de la Ley No. 812 en el segundo semestre de 2016, que durante la gestión 2017 no se repitió”.
La institución recaudadora reconoce, además, que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), si bien reportó crecimiento después de dos gestiones, “las utilidades declaradas por el sector fueron considerablemente menores a las de 2016, un factor que fue determinante para los resultados que dejaron los ingresos en el segundo semestre del año 2017”.
En este sentido, grandes sectores ligados al mercado interno, como el comercio, servicios financieros, bebidas, servicios a las empresas y la construcción registraron incremento de pagos entre gestiones. Esta dinámica permitió sustentar la recaudación de 2017, admite el SIN.
Menores recaudaciones
Durante la gestión 2017, la recaudación total de impuestos fue de Bs 39.699 millones en toda Bolivia. Aunque no habla de crecimiento, el SIN hace referencia a la existencia de “una tendencia positiva a lo largo de los últimos años”, “un resultado que está definitivamente ligado al trabajo permanente de la institución para velar por que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, y a la estabilidad lograda por la economía en los últimos años”, sostiene.
Sin embargo, los números muestran una baja en las recaudaciones respecto a gestiones anteriores. Por ejemplo, en 2016 el monto recaudado llegó a Bs.- 40.951 millones, mientras en la gestión 2015 la cifra estaba en Bs.- 46,971 millones. Eso significa que entre 2015 y 2017 hay una diferencia negativa de más Bs.- 7 millones.
La desaceleración de la economía –además del desempeño del sector hidrocarburos- plantea una situación complicada para la recaudación de ingresos del Estado, más aún al no haber resuelto o al menos avanzado en temas fundamentales, como la formalización de la economía y una reforma o adecuación del sistema tributario.
La baja es preocupante, puesto que normalmente se espera que los ingresos por impuestos suban constantemente, conforme al crecimiento de una economía y de la población y sus correspondientes necesidades, observan los analistas.
De alguna manera, el SIN reconoce la situación de “enfriamiento de la economía”. Y el hecho de haber admitido que los precios del gas arrastraron a la baja las recaudaciones en el mercado interno, “demuestra que la economía dejó de crecer”, refiere Molina.
Martínez va más lejos y señala que el lastre del estancamiento en materia de recaudación impositiva viene desde hace tres gestiones.
“Entre 2015 y 2016, e incluso en 2017, si bien no hay una caída, se puso en evidencia una disminución producto de la depreciación en el mercado internacional de los precios del gas, principal materia de exportación del Estado, y esto repercute en los niveles de recaudación impositiva en el mercado interno”, declara Martínez.
Distribución de los recursos
La distribución de los impuestos (sin IDH) y de las regalías por hidrocarburos no ha tenido ninguna modificación en los últimos años. Y bajo esta distribución, los diferentes niveles de gobierno han recibido más recursos o menos conforme a las recaudaciones totales, refieren Martínez y Molina.
Con relación al IDH, sí ha tendido diferentes efectos en la asignación de recursos a las diferentes instancias. En principio, con su creación en 2005, el IDH incrementó la disponibilidad de recursos para todos los niveles de gobierno, en especial para los subnacionales; sin embargo, en años posteriores se aprobaron diferentes normas que recortaron estos recursos, en especial a gobernaciones, en favor del Nivel Central y de gastos y políticas nacionales, indica Martínez.
La mayor parte de los principales ingresos fiscales son administrados por el Nivel Central (61,1%); los gobiernos municipales administran el 22,5% y las gobernaciones el 7,2%. El resto queda en favor de universidades, Renta Dignidad, Fondo Indígena y Fondo de Promoción a las Inversiones en Hidrocarburos, describe Molina.
En conjunto, los gobiernos departamentales y municipales administran, actualmente, el 29,7% de los principales ingresos fiscales (impuestos y regalías), señala Martínez.
Un análisis de la distribución de los recursos no debiera ser realizado sin tomar en cuenta las competencias de cada nivel de gobierno, es decir, los bienes y servicios que cada instancia debe proveer. Sin embargo, llama la atención la reducida asignación proporcional de recursos que reciben los gobiernos departamentales, considerando que el proceso constituyente tenía entre sus principales demandas la apuesta por la autonomía, y se esperaba que bajo este nuevo diseño de Estado las gobernaciones puedan cumplir un rol protagónico en el proceso de desarrollo de las regiones y del país.
A esta situación se suma la marcada inequidad en la distribución de los recursos entre los gobiernos departamentales, tema que tampoco se solucionó, señala la Fundación Jubileo.
Las mayores 100 empresas
Los 100 mayores contribuyentes de 2017, y sobre los cuales el SIN emitió su informe anual sobre el nivel de recaudaciones, es una muestra clara de la situación de estancamiento de la economía nacional, señalan coincidentemente Molina y Martínez.
Después del periodo de bonanza, con aumento de precios y volúmenes de exportación de hidrocarburos, y por tanto crecientes ingresos por el IDH y las regalías, hasta 2014, se dio una caída abrupta de esta renta durante los últimos tres años, también por efecto de una caída de precios y volúmenes.
En el ranking de las empresas más grandes que contribuyen impuestos al Tesoro, se hallan en los primeros lugares: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con Bs 6.843.54 millones (17.24%); en segundo lugar, YPFB Refinación S.A., con Bs 3.086.91 millones (7.78%); Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN), con Bs 2.028.62 millones (5.11%); Minera San Cristóbal S.A., con Bs 876 millones (2.2%), y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), con Bs 647.53 millones (1.63%).
Los dos mayores contribuyentes tienen que ver con la comercialización al mercado exterior y para abastecer el consumo interno, con la explotación del gas natural.
En el total nacional, el centenar de empresas declaradas como las más grandes del Estado en cuanto a su contribución con impuestos al tesoro, contribuyeron con el 56.92% de las recaudaciones durante la gestión 2017.
Recaudaciones por tipo de impuestos
El que más aportó en la gestión 2017 fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con Bs 10.349,5 millones, generando así el 31% de la recaudación total de Mercado Interno. En términos de crecimiento y considerando la depuración de los montos recaudados por regularizaciones de la Ley N° 812 en el 2016, este impuesto creció en 2,8%, señala el informe del SIN.
Este impuesto –agrega la entidad- muestra la dinámica del mercado interno, ya que el mayor componente de este pago proviene de los períodos vigentes y previstos a declararse en el año.
Por otro lado, la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT) incrementó su participación en el total de mercado interno hasta llegar al 13,2%, debido a que algunos sectores ya no contaron con la compensación por pagos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) debido a la reducción del mismo; el crecimiento de este impuesto depurando los pagos por Ley Nº 812 fue de 8%.
En el caso del IUE se observó mayor participación ligada a los pagos por utilidades mineras y de entidades bancarias. Su tasa de crecimiento fue de 11,3% con los ajustes realizados en relación a las regularizaciones de la gestión 2016.
En el caso de otros impuestos, el mayor componente en el incremento en la participación proviene de la mejora sustancial de pagos por Facilidades de Pago (FP), por otra parte, también deben considerarse los incrementos en el Impuesto a los Consumos Específicos de mercado interno (ICE) con 6,3% y el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), con incremento de 12,4%.
En otros impuestos ligados al mercado interno, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) reportó un crecimiento de 11,7%, la aplicación del incremento en la tasa del impuesto tuvo un efecto positivo en estos pagos.
Base imponible en el Estado
En cuanto a la base impositiva, es decir, la cantidad de ciudadanos que tributan al Estado, el SIN destaca que el universo de contribuyentes o Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC) llegó a administrar el 2017, entre activos e inactivos, 956.751 un 7,6% más que el 2016.
Sin embargo, este dato no es real, señala Molina. Sucede por ejemplo que grandes sectores informales como los productores de hoja de coca, los mineros cooperativistas y el departamento de Pando, “no tributan en el Estado y reciben ingresos significativos”.
Este dato es relevante porque las acciones del SIN no se limitan a los contribuyentes con obligaciones tributarias vigentes (activos), sino que se extienden a todo el universo acorde a los criterios de riesgo aplicados, apunta la entidad.
Para el SIN, el total de contribuyentes activos en el PNC al cierre de la gestión 2017 fue de 400.812, un 4,9% más que en 2016. De esta cantidad, el 78,38% correspondió al Régimen General y el restante 21,62% a los Regímenes Especiales.
Por otro lado, un componente significativo del PNC es representado por las Personas Naturales (48,81%) y las Empresas Unipersonales (42,33%), las empresas o personas jurídicas y sucesiones indivisas representaron el 8,86% restante, indica el informe.
Banca, un caso particular
Un hecho que llama la atención en el informe anual de la entidad recaudadora tiene que ver con la actividad financiera.
Al respecto, el SIN indica que los pagos de contribuyentes que realizan actividades bancarias comerciales destacaron el 2017, manteniendo el esquema de aplicación de la Alícuota Adicional a las Utilidades del Sistema Financiero del 22% a la Utilidad Neta Imponible.
Para Molina, sin embargo, estos resultados no son nada positivos debido a que la banca está seriamente aplicando planes de restricción de nuevas inversiones debido a que la presión tributaria sobre sus actividades se ha convertido en algo insostenible.
