RONALD NOSTAS, PRESIDENTE DE LA CEPB:

“Están en riesgo la propiedad privada y el empleo digno”

“El Gobierno está tomando medidas inadecuadas que atentan contra varios de estos principios. La ley de Empresas Sociales, por ejemplo, es un atentado directo”, advierte el máximo representante empresarial del país.

La Ley de Empresas Sociales no es otra cosa que un “atentando directo” a la “libertad de empresa y la propiedad privada”, alerta el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), Ronald Nostas.

La alarma supone, en los hechos, una violación flagrante de los Artículos 308 y 309 de la Constitución Política del Estado, disposiciones normativas que señalan taxativamente el “respeto” y la “protección” a la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y el fortalecimiento de la independencia económica del Estado, señala Nostas entrevista con LIBRE EMPRESA, al lamentar que, a falta de dinero para sustentar un modelo que vive de la extracción de materias primas y de los altos precios de los commodities, está “empujando al empresariado al despeñadero”.

“El modelo alienta el “hostigamiento tributario a las empresas formales; (impone) el doble aguinaldo, para mantener el dinamismo del mercado interno, pero arrancándoselo al sector privado; (crece) la presión sobre el sistema financiero, para mantener en alza al sector de la construcción, y (fomentan) la creación de más empresas públicas para competir con el sector privado”, sostiene Nostas.

En el contexto nacional, ¿están en riesgo la defensa del Estado de Derecho, la propiedad privada, la libertad de empresa, el empleo digno y las oportunidades para trabajar, prosperar y traer mejores días para Bolivia?
Creo que el Gobierno está tomando medidas inadecuadas que atentan contra varios de estos principios. La ley de Empresas Sociales, por ejemplo, es un atentado directo contra la libertad de empresas y la propiedad privada, porque permite que terceros se hagan de la propiedad legítima de los empresarios, si el propietario está en problemas económicos o si un juez considera que lo está.  

El empleo digno se pone en riesgo cuando el Gobierno dicta medidas irracionales como el segundo aguinaldo o los incrementos desmedidos, porque logra que las empresas no contraten nuevo personal o que algunas se conviertan en informales, aumentando cada vez más el número de trabajadores que se ven obligados a aceptar trabajos desprotegidos y sin estabilidad.

Estos factores, sumados a una visión excluyente del sector privado, son los que están generando graves distorsiones sobre la economía y el crecimiento y afectan los derechos consagrados en la Constitución.

Cuando plantean como sector respeto a la Constitución y su institucionalidad, especialmente los principios del derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, establecidos en ella, ¿considera que estos derechos están en riesgo?, ¿estamos caminando a una economía planificada por el Estado y una restricción férrea para la libre empresa?
El modelo económico ha cumplido eficientemente su ciclo y debemos congratular al Gobierno que supo implementarlo cuando el país requería dar el salto cualitativo para disminuir la pobreza y mejorar los mecanismos de redistribución. Pero la base de este modelo eran los ingresos abundantes por la venta de hidrocarburos que han disminuido.

 
El problema surge cuando se quiere mantener el modelo sin esa fuente para financiarlo, entonces para solventarlo, se recurren a medidas como el hostigamiento tributario a las empresas formales; el doble aguinaldo, para mantener el dinamismo del mercado interno, pero arrancándoselo al sector privado; la presión sobre el sistema financiero, para mantener el crecimiento del sector de la construcción, y la creación de más empresas públicas para competir con el sector privado.  

No creo que se esté pensando en un modelo de economía planificada que pretenda hacer colapsar al sector privado. Eso sería suicida. Lo que parece estar ocurriendo es que se está forzando la permanencia del modelo sin ajustes, para justificar la política económica y sostener los acuerdos políticos con la dirigencia de la COB.  

El problema es que en ese intento, se aplican medidas que ponen en riesgo peligrosamente esos principios constitucionales y sobre todo se presiona hasta el extremo al sector privado.

¿Qué avances en concreto existen hasta la fecha sobre la decisión del sector de exigir la abrogación de la Ley de Empresas Sociales?
El Congreso Empresarial, realizado en mayo pasado en Santa Cruz, aprobó la propuesta que hicimos de presentar una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley de Empresas Sociales que se promulgó sin consenso. Actualmente, se continúa elaborando ese recurso que será presentado en un corto plazo.

¿El Gobierno hace caso omiso a las sugerencias que ustedes realizan sobre el accionar de la economía nacional?
En los últimos tres años, hemos multiplicado nuestras gestiones para lograr una dinámica permanente de diálogo público – privado, tendiente a lograr que nuestras autoridades perciban la importancia de generar condiciones proclives al desarrollo productivo y a la inversión privada en el país, y para continuar garantizando la generación de empleo digno para los bolivianos.  

Realizamos y entregamos estudios muy serios sobre contrabando, la situación de las mypes y del empleo; elaboramos 81 proyectos factibles en todas las áreas en las que sabemos que se precisa realizar ajustes. Evidentemente, los resultados de este proceso no han sido del todo gratificantes. El camino ha sido complejo, desgastante y delicado.

Creo que hay una especie de obcecación en algunas autoridades económicas que se niegan a escuchar las sugerencias no sólo del empresariado, sino de organismos internacionales, analistas económicos, académicos e incluso la dirigencia de los pequeños y microempresarios que advierten cada día sobre las consecuencias de las medidas que se implementan y la necesidad de hacer un alto para revisar y ajustar ciertas orientaciones de la política económica actual. Pareciera que se ha ingresado en una especie de ortodoxia en el manejo de la economía que rechaza cualquier observación o crítica, incluso sin analizarla.

Constantemente señalan que no se han tomado en cuenta sus propuestas de solución; que los problemas que impiden avanzar al sector no están resueltos y que a pesar de que hubo un compromiso al más alto nivel del Estado, no se lograron resultados ¿A qué tipo de problemas hace referencia?
Nosotros hemos identificado que existen temas estructurales que no han sido resueltos y que, debido al proceso de desaceleración del crecimiento que actualmente estamos soportando, tienden a agravarse y sus efectos están generando situaciones cada vez más insostenibles que afectan primero a la base de la pirámide empresarial, es decir a las pequeñas y medianas empresas que son las más numerosas y las que generan más empleo protegido.  

El contrabando, la informalidad, la política laboral y salarial inequitativa, la falta de incentivos para la inversión, la disminución progresiva de la producción nacional, la persecución tributaria y la excesiva burocracia, son problemas que no se enfrentan.  

El Gobierno se limita a implementar medidas aisladas e insuficientes; incluso en algunos casos, toma decisiones que las empeoran como el caso de la Ley de Empresas Sociales y la persistencia en crear empresas públicas para competir con el sector privado.  

Muchos de estos temas los hemos planteado en reuniones con el Presidente y Vicepresidente, y pese a que se han conformado equipos de análisis para analizar las soluciones que les hemos propuesto, las autoridades directamente responsables no han reaccionado o ni siquiera han respondido.

¿En qué sentido la falta de políticas sociales adecuadas, como el empleo, tienen un resultado y costo inmensurable que compromete la estabilidad económica y social de la nación?, ¿podría explicarnos mejor a qué hacen referencia específicamente. ¿al modelo económico, por ejemplo?
Aquí el problema tiene que ver con la decisión del Gobierno de divorciar la relación entre empleo y productividad. Los últimos incrementos salariales han sido excesivos y no responden a la realidad del sector productivo en el país, pero sobre todo, no perciben las señales que emite el mercado laboral en franco decrecimiento y no consideran además las posibilidades o imposibilidades de las medianas y pequeñas empresas.  

No olvidemos que los sobrecostos desvinculados de la productividad son recursos económicos que restan a las necesidades de reinversión y crecimiento de las empresas.
Los constantes incrementos salariales divorciados de la realidad microeconómica, están incidiendo de manera perniciosa en el mercado laboral, están imposibilitando que, sobre todo, más mujeres y jóvenes puedan acceder a una fuente de empleo con beneficios como el incremento salarial, el aguinaldo, el seguro de salud y la garantía de una jubilación.

Todo esto tiene un efecto socioeconómico perverso que se agrava y que está afectando a una población trabajadora cada vez más vulnerable y, de alguna manera, se origina en la visión de algunas autoridades que alientan la oposición entre trabajadores y empleadores, sin entender que los unos dependen de los otros.  

Nuestro país no puede soportar un aumento de la informalidad laboral por encima de los índices que ya muestra actualmente. Un informe de 2015 del Banco Mundial nos sitúa como el país con el mayor porcentaje de trabajadores no asalariados (59.9%), por encima de la media Latinoamericana que es del 35%.  

Si se aprueban incrementos exorbitantes e insostenibles, entraríamos en un nuevo ciclo de precarización e informalización extrema, rápido aumento del desempleo y pérdida de la capacidad de adaptación de las mypes, lo que puede tener efectos que no se pueden estimar.

12 años de Gobierno ¿Realmente desechamos el modelo neoliberal? ¿Qué piensa al respecto?
En ninguna parte del mundo existen modelos puros. Bolivia no es una isla y su economía es plural y diversa, además el modelo neoliberal como se planteó en un principio ya fue superado en los países de la región y en los que se implementó, entre ellos el nuestro.

Creo que el modelo actual ha mantenido algunos principios necesarios, como la inversión privada externa, pero ha dado más protagonismo al Estado en la planificación e implementación de políticas económicas más redistributivas y con mayor inversión pública y eso, junto a los elevados ingresos por la venta de hidrocarburos, fue fundamental para lograr los niveles de crecimiento que tuvimos en los últimos años.

El nuevo modelo económico-social y productivo ¿fue efectivo para el crecimiento de la economía? ¿Realmente cambiamos la forma de producir riqueza en el Estado?
Nosotros hemos sostenido que el modelo económico que se implementó en la actual gestión de Gobierno ha tenido resultados importantes, mientras los precios de los hidrocarburos y los minerales en el mercado externo eran altos, pero que cuando esas condiciones cambiaron se empezaron a notar sus deficiencias; ahora tenemos un modelo que precisa de ajustes que permitan sostener el crecimiento, pero sobre todo que impulse, precisamente, una nueva forma de producir riqueza, pero no solamente desde el Estado.

 
Varios indicadores apuntan a una transición de ciclo y contexto, lo que demandaría adaptación y ajustes en varios frentes de la vida nacional. La economía funciona, pero la pregunta es si tal como está puede llevarnos distancias largas sin sobresaltos. El auge de recursos que vivimos dejó varios retos importantes rezagados, como la diversificación económica, el impulso a las exportaciones y la industrialización, que va mucho más allá de la visión ligada a los recursos naturales.  

Estos años se creció con el impulso al consumo interno y un caudal transitorio de rentas, como la del gas, pero se dejó de lado la promoción a la inversión privada y la visión de mercados globales, particularmente para productos no tradicionales.

En los últimos tres años, hemos multiplicado nuestras gestiones para lograr una dinámica permanente de diálogo público – privado, tendiente a lograr que nuestras autoridades perciban la importancia de generar condiciones proclives al desarrollo productivo y a la inversión privada en el país, y para continuar garantizando la generación de empleo digno para los bolivianos. 

“Es evidente que nuestra economía continúa siendo fuertemente dependiente de la explotación de recursos naturales renovables. Es evidente que hay esfuerzos para revertir esa situación, por ejemplo la agroindustria, que tiene una creciente importancia en el PIB nacional; iniciativas como la producción de etanol, la fábrica de urea, la planta de separación de líquidos o la decisión de desarrollar nuevas fuentes de desarrollo como la exportación de energía eléctrica; sin embargo, adolecen de una visión integral y una verdadera política de desarrollo y la implementación de mecanismos que, por ejemplo prevean y subsanen los problemas que se están presentando en todos los casos”.  

“Las etapas para impulsar la industrialización están desconectadas y por cada dos pasos que se da se retrocede uno. Muchas veces hemos advertido que este modelo de desarrollo -que nos hizo líderes en crecimiento en la región- puede debilitarse precisamente por su fuerte dependencia de la exportación de nuestros recursos no renovables.

Y también advertimos que si no se toman medidas urgentes para impulsar una diversificación efectiva que genere el crecimiento de otros sectores productivos y mejore el equilibrio de desarrollo entre sectores y regiones, corremos el riesgo de afectar negativamente las variables macroeconómicas, pero sobre todo la estabilidad de la economía de las familias, de las fuentes de trabajo, del ahorro y la inversión”.