Tiquipaya a la espera de normativa

A sólo nueve kilómetros del centro de la ciudad, la capital de las flores continúa siendo una de las zonas más apetecidas para ejecutar proyectos urbanísticos, donde el cemento avanza reemplazando a los campos agrícolas.

Con una población de casi 60 mil habitantes, con un clima privilegiado de valle templado y riqueza de suelos, Tiquipaya continúa atrayendo a familias y sobre en especial a los inversionistas constructores que transforman las calles de pueblo en ingresos a lujosas mansiones y condominios.
Aquel municipio cercano a la ciudad capital vive un boom constructor que se inicia hace unos 20 años, pero en la última década se sintió con mayor fuerza, según el relato de ciudadanos oriundos de este poblado, donde el cemento y los hormigones transformaron por completo el cotidiano vivir del tiquipayeño.
Fue en la década del 90, cuando como hongos comienzan a aparecer las primeras urbanizaciones cerradas en Tiquipaya, además de mansiones, como el que tenía el entonces alcalde de Cercado, Mánfred Reyes Villa. Pero es entre los años 2005 y 2015 que se registra un crecimiento impresionante.
En medio de este movimiento, en estos últimos años se construyó uno de los condominios más grandes de Cochabamba, emplazado en más de 12 hectáreas con 128 viviendas, además de otra gigante obra compuesta por bloques de edificios de siete pisos, con piscina y áreas comunes.
“Mucha gente adinerada de la ciudad ahora quiere vivir en este lugar”, relatan los pobladores, porque lo consideran una zona privilegiada por la abundante agua, naturaleza y porque está a pocos minutos de la ciudad, aunque, paradójicamente, es uno de los municipios que tiene en situación precaria los servicios básicos, como agua y alcantarillado.
El servicio de agua potable llega sólo al 70 por ciento de la población; sin embargo, es en el sistema de alcantarillado donde existen grandes deficiencias, ya que no llega ni al 25 por ciento de los habitantes.

Normativa pendiente
“Estamos a la espera de normativas”, señala Marisol Pacciere, presidenta del Concejo Municipal de Tiquipaya, al ser consultada por LIBRE EMPRESA sobre el reclamo que vienen haciendo desde hace unos meses las empresas constructoras, que aún no pueden ejecutar sus proyectos habitacionales desde hace más de dos años.
Desde 2009, Tiquipaya se transforma y devela la falta de normativas y resoluciones que establezcan parámetros, para un adecuado cambio del uso de suelo y límites técnicos para la construcción de condominios y urbanizaciones.
En esa dirección, lo que se hace, ante una norma obsoleta y frente a una gran cantidad de solicitudes de aprobación de trámites, se declara una “pausa administrativa”, es decir no se rechazan los trámites, se los deja en una especie de “status quo”, hasta que se emitan nuevas disposiciones.
En ese entonces, la Alcaldía de Tiquipaya, durante la gestión de Saúl Cruz, autoriza la construcción de varios proyectos, muchos de ellos al margen de cualquier normativa actualizada, que permita un adecuado uso de suelos.
En la actualidad, según datos del municipio, existen consolidados 59 condominios, muchos de estos no están incluidos en el plan de la nueva mancha urbana, fueron construidos aprovechando la ausencia de normas claras e incluso en medio de irregularidades, un tema del cual ni autoridades ni constructoras quieren hablar.
Se presume que en muchas de las construcciones incluso corrieron “cierto tipo de favores económicos” a algunos funcionarios, que aprovecharon la situación para extorsionar a los constructores, para que desarrollen sus proyectos.

Las nuevas construcciones
Hoy en día, cerca del 10 por ciento de la población de Tiquipaya vive en condominios, pero sin tener una normativa completamente clara. Más de la mitad de las 59 urbanizaciones se construyó con una pausa administrativa, que si bien no rechazó edificaciones en terrenos de más de 10 mil metros cuadrados, tampoco exigió muchos requisitos.
LIBRE EMPRESA se dirigió hasta la alcaldía de Tiquipaya, donde el primer intento de conocer información directa de las autoridades fue fallido; sin embargo, tras persistir en la búsqueda de respuestas claras, aunque no fue fácil, se logró entrar en contacto con autoridades del municipio.
La primera respuesta es clara, “no existe una normativa que regule la construcción de condominios y urbanizaciones”, debido a que las actuales leyes que refieren el manejo del uso de suelos, aún no han sido plenamente asimiladas, es decir existe un vacío, que se refleja en la paralización de obras.
“No existe una normativa que regule la construcción de condominios y urbanizaciones en Tiquipaya”, es la respuesta contundente del Secretario General del órgano ejecutivo de aquel municipio, el abogado Brito Palenque.
La situación es complicada. Se sabe que la anterior gestión del alcalde Saúl Cruz instruyó una pausa administrativa, para dar continuidad a varios proyectos urbanísticos que ya estaban siendo emplazados. Esta decisión estaba avalada por la anterior ley municipal número 2028; sin embargo, el año 2014, el Concejo Municipal de ese entonces decide emitir la resolución 051/2104, mediante la cual le pide al Ejecutivo (Alcaldía), suspender todo trámite de aprobación de planos de condominios y urbanizaciones.
“El 2014, el Concejo le pide al Alcalde que ya no le remita más trámites de aprobación de planos de condominios”, aclara Palenque.
Sin embargo, lo curioso es que pese a existir la resolución 051/2014, el Ejecutivo municipal de ese entonces habría autorizado la construcción de varios proyectos de condominios, situación que aparentemente estaría marcada por ciertas irregularidades, es decir, que habría habido pago de dinero de por medio.
“No obstante que el Concejo Municipal del 2014 emitió esta resolución que es de cumplimiento obligatorio, para que el ejecutivo lo haga, el ejecutivo municipal según antecedentes que se tiene habría seguido recibiendo solicitudes y habría aprobado solicitudes”, denuncia Brito.
Consultado si esta aparente irregularidad habría sido cometida por el anterior alcalde y concejo municipal, el funcionario prefiere no polemizar al respecto.

Conflictos administrativos
Lo evidente es que este tipo de accionar del anterior alcalde y Concejo Municipal, derivó en graves conflictos de orden administrativo y técnico. Para evitar responsabilidades, el actual órgano deliberante de Tiquipaya en 2015, decide poner un freno a toda esta irregularidad y resuelve emitir otra resolución.
“Fruto de ese incumplimiento, es que el Concejo Municipal emite otra resolución, este 2015 para poner en orden todos los trámites”, remarca Brito.
Desde el año 2014 y ante la aprobación de una nueva Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, se rediseña las nuevas reglas del juego, ya que esta normativa es precisa y otorga otras facultades al Concejo Municipal.
El artículo 16, en sus parágrafos 11, 12 y 13, precisa:
Artículo 16. (Atribuciones del Concejo Municipal). El Concejo Municipal tiene las siguientes Atribuciones:
11. Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa vigente.
12. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del
Estado, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas.
13. Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia con la normativa vigente.
Según autoridades del Concejo Municipal, la nueva ley pone límites y exige una reglamentación actualizada que debe ser aplicada para las nuevas construcciones en adelante.
“Ya no se puede hacer un crecimiento no planificado, un crecimiento del tema de vivienda, sobre sectores que posteriormente no se pueda dar servicios básicos, porque si apruebas un proyecto se debe garantizar los servicios básicos”, señala Palenque.
Con la nueva ley, la 482, si bien se recompone el tema de la planificación de las nuevas manchas urbanas, existen más limitantes para el Concejo Municipal. Hasta antes de esta norma, eran los concejos los que aprobaban las solicitudes de construcciones, ampliaciones de manchas urbanas o cambios de uso de suelo. Hoy, la 482 exige que la homologación la realice la Dirección de Autonomías, dependiente del Viceministerio de Autonomías. Por tanto, sólo esta instancia es la única que autoriza y aprueba los nuevos diseños urbanos.
Por tanto, debe ser planificada ahora por el mismo órgano ejecutivo municipal, es decir por el o la alcaldesa, situación que hasta el momento, en lo que respecta a Tiquipaya, aún no se está efectivizando.
Esta situación pone en figurillas a autoridades municipales de la vecina localidad, ya que pese a haberse emitido la resolución 051/2014, (bajo el espíritu de la ley 482), en la que se ordenaba la suspensión de remisión de trámites de homologación de construcciones al Concejo Municipal, ésta no fue cumplida a cabalidad, y las construcciones se siguieron realizando.

Presunción de legalidad
Después del 2014, el “boom” de los condominios continuó en Tiquipaya, y el ex alcalde habría incumplido la resolución 051/2014.
“El ejecutivo municipal de ese entonces ha incumplido esta resolución y ha aprobado tramites de construcciones”, ratifica Palenque.
Entonces, por decisión del nuevo Concejo Municipal el año 2015 se aprueba la resolución 040/2015, mediante la cual se instruye el inicio de procesos de demolición de varios condominios que fueron construidos después del 2014, estando ya en vigencia la ley 482. Esta información fue ratificada por la actual presidente del Concejo Municipal, Marisol Pacciere, quien accedió a proporcionar tanto la ley como las resoluciones.  
“En este momento están paralizadas totalmente, estamos a la espera de la resolución que va a sacar el Alcalde, porque ya son de las comunidades que han llegado como treinta notas y se las ha remitido al ejecutivo para que una vez emita las resoluciones “, afirma Pacciere, quien a insistencia de este medio decidió hablar sobre este tema que pone en evidencia varias irregularidades en anteriores gestiones.
El enredo técnico, administrativo y jurídico nace por los cambios de la ley de municipalidades, la 2028, y la 482 aún no estaría siendo aplicada en todo su espíritu, no se habla de construcciones ilegales hasta antes del 2014, por tanto se presume la legalidad.
Las nuevas atribuciones que da la 482, tanto al Concejo Municipal como al alcalde o alcaldesa, son claras: es tuición de la MAE elaborar los nuevos proyectos tanto en nuevas manchas urbanas como cambio de uso de suelo.
Lo evidente y grave es que ahora también existe otra resolución, la 040/2015, que instruye la demolición de algunos condominios ya consolidados y habitados.
El tema es por demás polémico, donde se juegan varios intereses, pero lo cierto es que existen construcciones paralizadas, que generan otro conflicto mayor, crisis en constructoras que tiene personal inactivo, dineros invertidos que no están generando movimiento económico. La situación pone contra la pared a inversores que, probablemente, en su desesperación de concretar los proyectos, aceptaron reglas poco claras.

Los terrenos y casas cada día están más cotizados en Tiquipaya. Los precios de viviendas en condominio (departamentos y casas) van desde $us 50.000 a 550.000. Una mayoría cuesta entre $us 151.000 y 250.000.