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BANCA

La banca transita por caminos complicados

Urge la flexibilización de las normas que guían al sector bancario privado boliviano, para conseguir que éste deje de peregrinar por vías rígidas que hacen más difícil su normal desenvolvimiento.

La situación de la banca privada del país ha levantado algunas preocupaciones con respecto a la evolución del sistema financiero nacional, que eventualmente podrían comprometer la capacidad crediticia de los bancos.

2018 fue un año complicado para la banca boliviana, que de enero a noviembre registró utilidades por $us 237 millones, un 12,8% menos que en el mismo periodo de 2017, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

A pesar de estas cifras, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), a través de su Secretario Ejecutivo, Nelson Villalobos, resalta la importancia de considerar que la salud de los bancos es incuestionable, de hecho, destaca su resiliencia o la forma en que se han reconstruido dados los cambios provenientes de las nuevas normativas promulgadas desde el gobierno central.

Sin embargo, Agustín Saavedra Weise, economista, politólogo, ex Canciller de Estado, director por Bolivia en Fonplata y ex Gerente de Asoban en Santa Cruz, explica que la banca reporta que su rentabilidad ha venido disminuyendo y se debe en gran parte a que el 60% de su cartera tiene precios (tasas de interés) regulados, y a la fuerte presión tributaria que impone la administración central. 

“Pero una cosa es reportar menos rentabilidad y otra que marche, como señalan algunos, hacia una bancarrota. Desmiento como profesional independiente en forma rotunda esa falaz afirmación, venga de donde venga. El sistema bancario boliviano es uno de los más sólidos del mundo. Así lo demuestran sus indicadores, en particular el coeficiente de adecuación patrimonial, que en todos los casos se encuentra por encima del 11%”.

Por su parte, el economista Alejandro Arana Jáuregui explica que la banca experimenta ya por varios años una baja en su rentabilidad y recuerda que ésta llegó a situarse en 21% el año 2007, muy por encima del ROE (Rentabilidad Financiera) de 10,8% a octubre del pasado año. 

Pero, añade, la razón principal para esta baja no es la desaceleración económica, sino la extrema regulación, que fija tasas activas máximas y tasas pasivas mínimas, así como cuotas de cartera mínima para los sectores productivos y de vivienda social. Esto ha reducido los márgenes financieros y que junto con la fuerte carga impositiva que enfrenta el sector financiero, superior al 50%, son las principales razones para la baja en la rentabilidad del sector. 

No obstante, también enfatiza que la banca está lejos de una situación de bancarrota, ya que cuenta con niveles aceptables de capitalización y puede enfrentar el pago de sus pasivos.

Si bien resaltan los esfuerzos que ha hecho este sector, reglamentos y leyes impiden un mejor y mayor crecimiento de la banca boliviana.

 

Efectos de la nueva ley

La Ley 393 de Servicios Financieros, promulgada el 21 de agosto de 2013, según informa en exclusiva para LIBRE EMPRESA el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, tuvo un fuerte enfoque al impulso del aparato productivo. 

“Para ello se fijaron tasas límites de interés con el propósito de establecer un bajo costo financiero para prestatarios de créditos productivos, 11,5% para microempresas; 7% para pequeñas y 6% para medianas y grandes empresas, y evitar los excesos cometidos por las entidades de intermediación financiera. La medida se reglamentó con el decreto supremo 2055 del 9 de julio de 2014”, enfatiza la autoridad ministerial. 

Indica que esta disposición se complementó con la fijación de niveles mínimos de cartera para los bancos Pyme (50%) y 25% del 60% del total de la cartera destinada a créditos productivos y de vivienda de interés social para bancos múltiples, que estaban en la obligación de cumplir la disposición en cinco años, es decir desde 2014 a 2018.

Villalobos expresa que la regulación de tasas de interés ha beneficiado a los sectores productivos y de vivienda de interés social. En tanto, la cartera no regulada se mantuvo con tasas de interés similares a las observadas en el pasado. 

“Ahora bien, en un entorno de encarecimiento del fondeo como el que se observó en los últimos años, se esperaría que los créditos experimenten un leve incremento de tasa de interés, en línea con las condiciones del costo de captación, cosa que en el caso de los créditos con tasa fija no es posible”, cavila el secretario general de Asoban.

Entonces es posible que exista un desbalance en la cartera a partir de la regulación de tasas a lo que, según la misma autoridad, desde el punto de vista de la recomposición de la cartera de créditos, observa que los bancos encararon un enorme desafío en los últimos años, porque esta cartera es alcanzada por tasas de interés fijas.

Se aprecia mayor presión de las tasas de interés en los ingresos financieros y, a 2018, el 60% de la cartera de los bancos fue alcanzada por tasas de interés fijas y, en algunos casos, como en los de vivienda, con plazos entre 20 a 30 años.

El colocar topes de cartera, señala un analista que prefirió mantener su nombre en reserva, direcciona artificialmente la oferta de crédito generando en algunos casos sobre endeudamiento y en otros casos sectores desatendidos.

 

Vivienda social y bolivianización

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas señala que el objetivo del crédito de vivienda de interés social fue que el sistema financiero ayudase al problema de la vivienda propia, incrementando de esta manera la calidad de vida de las familias bolivianas. 

“El techo propio implica seguridad, integridad, unión familiar y respaldo patrimonial transgeneracional, entre otros”, señala.

La Ley 393 dispuso un régimen de control de tasas de interés con el propósito de fijar tasas de interés máximas, accesibles a prestatarios de créditos de vivienda, creando de esta manera condiciones para la adquisición del techo propio. 

“Esta medida fue complementada con la fijación de niveles mínimos de cartera para la banca múltiple (60%) que está en la obligación de cumplir en el lapso de cinco años de 2014 a 2018, en tanto que las entidades financieras de vivienda deben mantener un nivel mínimo de 50% del total de su cartera de créditos. La medida se reglamentó con el decreto supremo 1842 del 18 de diciembre de 2013”, complementa la autoridad.

En cuanto a la otra medida asumida, Arce Catacora rememora que hasta el 2005, Bolivia era uno de los países más dolarizados de la región. En el sistema financiero, la dolarización de los depósitos era de 84% y de la cartera de créditos sobrepasaba el 91%; paralelamente, los precios de todos los bienes eran indexados al dólar y los bienes inmuebles se cotizaban y transaban en dólares. En este contexto, la presencia de la alta dolarización financiera imponía vulnerabilidades importantes que ponían en riesgo la estabilidad financiera del país.

“Además, existía un elevado riesgo crediticio cambiario, y se observaba un elevado riesgo de liquidez, debido a las limitaciones que enfrentaba el BCB en su función de prestamista de última instancia en moneda extranjera, para asistencia al sistema financiero”, recuerda.

Por eso, desde hace 13 años se aplicaron varias medidas de política económica, de tal manera que el país transitó la senda de recuperación de la soberanía monetaria. 

En 2019, la dolarización en cartera está por debajo del 2% y los depósitos están por debajo del 13%; de esta manera, se eliminó el riesgo crediticio cambiario y el Banco Central puede hacer un uso pleno y efectivo de su función de prestamista de última instancia, con lo cual está garantizada la estabilidad financiera y macroeconómica del país. 

Puntualiza que “realizar ahorros, créditos e inversiones en bolivianos, en un entorno de estabilidad macroeconómica sólida, junto a un adecuado manejo de las políticas económicas, permite tener tasas de crecimiento elevadas del producto y sostenibles en el tiempo”.

 

Expansión del crédito

Asoban advirtió, en 2018, que si se acentuaba el menor crecimiento de los depósitos, observado hasta ahora, la expansión del crédito se vería afectada. Saavedra sostiene que la expansión crediticia depende del efecto multiplicador del crédito y éste aumenta o disminuye en función del volumen de los depósitos. Un incremento de depósitos mejorará el multiplicador y una disminución lo achicará y para revertir el proceso, habría que incentivar el ahorro para que el público acopie más dinero en forma de depósitos que se incorporen a la oferta monetaria. 

“Ese es un tema que le compete al gobierno; la banca nacional hace lo suyo tratando de captar depósitos y lo hace en un marco de sana y transparente competencia”, afirma.

Arana considera que una forma de revertir el menor crecimiento, sería reducir la carga impositiva que enfrenta la banca o flexibilizar los requisitos de cuotas de cartera.

Desde la banca se observa, dice Villalobos, que el cambio en las condiciones del entorno económico afectó los niveles de ahorro, derivando en menor crecimiento de los depósitos. Por lo anterior, impera considerar que, si la problemática del aumento de los depósitos es de carácter estructural, el sistema bancario requiere de flexibilidad para continuar apoyando al crecimiento económico del país.   

Recuerda que en 2018 se observó un aumento de $us 2.402 millones en cartera y un aumento de $us 1.432 millones de depósitos; situación que da cuenta que los bancos hicieron uso de su liquidez para continuar expandiendo el crédito.

Empero, el poner límites de tasas impide que el sistema pueda levantar más liquidez, ya que la banca no puede pagar por encima de la tasa regulada, lo que desincentiva el ahorro y promueve la fuga de capital; mantener las tasas bajas en Bolivia promueve la salida de divisas.

 

Desaceleración y flexibilización

De acuerdo al ministro Arce Catacora, la cartera de crédito productivo registró el 2013 una cifra de $us 3.308 millones y al cierre del 2018 un total de $us 11.044 millones, es decir un crecimiento del 234%.

La autoridad además indica que el crecimiento promedio anual del crédito productivo, entre los años 2013 y 2018 fue del 28%, muy por encima del observado entre los años 2009 y 2013, que fue del 17%.

A pesar de esas cifras, la banca registró menores utilidades en 2018, un 12,8% menos que en 2017, y llegó a niveles tope en la demanda de créditos de vivienda, automóviles, consumo y otros, lo que generó cierta desaceleración.

Antes de la aprobación de la ley, el sistema crecía entre 100 mil a 150 mil prestatarios nuevos cada año. A partir de su promulgación, se redujo a menos de 20.000, subiendo el crédito promedio y teniendo un efecto contrario en la bancarización que se esperaba. Esto debido a que las tasas reguladas no llegan a cubrir los costos de las entidades ni permite la transmisión adecuada del riesgo de crédito.

Saavedra Weise es rotundo y asevera que el sector bancario ha cumplido con las determinaciones gubernamentales para transformar la cartera al 60% en créditos para vivienda y usos productivos. 

“Esos créditos están regulados a tasas de interés bajísimas, las que muchas veces no cubren ni siquiera gastos administrativos. Habría que disponer de un poco más de libertad para fijar tasas en otros rubros, tales como créditos comerciales, de consumo y para uso privado, con el fin de generar mayores ingresos para el sector. La banca custodia los ahorros del público y los presta a quienes lo demandan. Su precio es el interés y ese precio debe traer utilidades; caso contrario, no tendría sentido trabajar en el negocio privado de intermediación financiera”, añade.

Arana Jáuregui, por su parte, considera que es natural que en un contexto de desaceleración económica general, la demanda por créditos también sufra una desaceleración y sugiere que el gobierno cree las condiciones para que la actividad económica mejore, no sólo flexibilizando al rubro en sí, sino extendiendo esta medida al mercado laboral, controlar la informalidad, facilitar y agilizar los trámites para la creación de nuevas empresas, eliminar trabas a la exportación de productos agrícolas, permitir que el tipo de cambio fluctúe y suba para mejorar la competitividad de las exportaciones, dar seguridad jurídica a la propiedad de la tierra, especialmente al área rural.

Similar criterio tiene Asoban, que también solicita que debería revisarse la fijación de tasas de interés, pues es un precio que debe reflejar, de la mejor manera, el costo de administración de los distintos tipos de crédito y el costo de fondeo o captación; situar los precios por debajo de su costo conlleva un efecto adverso de desatención de sectores. 

“La banca espera que desde el gobierno se compartan sus preocupaciones y sean atendidas, precautelando de ese modo la sostenibilidad del sistema y garantizando su continuo aporte al crecimiento económico del país”, señala Villalobos.

 

Mora

Después de unos años, la cartera en mora experimenta aumentos, confirma el secretario Villalobos, a pesar de que en términos de índice se mantiene reducida. 

La cartera en mora del sistema bancario a diciembre de 2018, alcanzó los $us 385 millones, registrando un crecimiento interanual del 14% y el índice de morosidad se situó en 1,70%, nivel levemente superior al de la gestión pasada. Como en otras actividades, en el sistema bancario la cartera en mora denota el deterioro en las condiciones de repago de los prestatarios. 

“En este momento la cartera en mora no se constituye en una preocupación, pero sí es importante atender a su futuro desempeño, ya que la cartera de créditos creció a tasas elevadas en los últimos años y las operaciones requieren un periodo de maduración”, corrobora el ejecutivo de Asoban.

 

A futuro

Villalobos, Arana y Saavedra coinciden, cada uno por su lado, en un aspecto: se requiere de flexibilización del marco normativo, que regula la actividad bancaria.

“Lo que se debe hacer es permitir que ocurra lo que siempre debió pasar, que sea el mercado el que regule cuánto se debe prestar a cada sector y no dirigir artificialmente los fondos a determinados sectores”, opina el economista Arana Jáuregui.

Hace eco de esta solicitud Saavedra Weise y expone que “debería en primera instancia revisarse el aparato tributario muy duro y revisar también el tema de las tasas de interés, dándoles mayor flexibilidad. En otras palabras, en el marco de las regulaciones que correspondan, sería conveniente darle oxígeno a la banca privada boliviana para que pueda continuar con su importante rol de expandir el crédito y a la par, pueda obtener legítimas utilidades para fortalecerse patrimonialmente. De esa manera, el sistema bancario boliviano seguirá siendo un puntal del crecimiento y sustancial base de nuestra estabilidad macroeconómica.

Villalobos acota que además de la flexibilización se está produciendo una  reinversión de utilidades para fortalecimiento patrimonial desde hace mucho tiempo y de hecho es fundamental para el crecimiento del sector. 

“Desde el sistema bancario se considera que, como en el resto de actividades de índole privada, la proporción de utilidades a ser reinvertidas es una decisión de los accionistas, la cual está fundamentada en las perspectivas del negocio en el largo plazo. En ese sentido, la reinversión de utilidades debería constituirse en función a las estrategias y las políticas internas de cada entidad, como parte de la gestión administrativa eficiente con la que cuenta cada una”, finaliza el secretario ejecutivo de Asoban.

 

Medidas gubernamentales

Desde 2006 a 2019 varias han sido las medidas dictaminadas desde el gobierno central, que afectan al desenvolvimiento de la banca privada y tienen que ver con la presión tributaria y la nueva ley, entre otras.

 

Presión Tributaria

• Incremento paulatino del Impuesto a las Utilidades Específicas del 25% al 50% (alícuota adicional)

• Implementación del Impuesto a la venta sobre Moneda Extranjera y su posterior eliminación

 

Nueva Ley de Servicios Financieros

• Definición de la actividad de intermediación financiera como función social

• Pérdida de independencia entre BCB, ASFI y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

• Sectorización de las entidades financieras en bancos múltiples y bancos pymes

• Metas de participación o gavetas de cartera regulada (Cartera productiva y cartera regulada).

• Regulación de las tasas activas al sector productivo (techo a las tasas activas).

• Regulación de las tasas pasivas mínimas para los depósitos menores a $us 10.000 

Posición Externa

• Repatriación de los activos en el extranjero (disminución del límite de las inversiones en el exterior)

• Modificación de los límites de posición cambiaria (castigo a la sobrecompra y premio a la sobreventa)

• Incremento del requerimiento de previsiones a la cartera en Moneda Extranjera

• Incremento del requerimiento de Encaje Legal en Moneda Extranjera

• Ampliación de la brecha cambiaría

Fuente: Elaboración propia, febrero de 2019

Monica Briançon Messinger

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