“Guerra por los salarios”

Los empresarios alertan sobre “degradación del empleo”. El gobierno habla de una “compensación justa” y que las ganancias de los empresarios subieron al 410%

Gobierno y empresarios declararon una “guerra por los salarios” y cada quién, desde su propia trinchera, abrieron zanjas para “disparar argumentos” que consideran, a juicio propio, la verdad de los hechos y la realidad económica que vive el país.
¿Cuáles son los argumentos y las posiciones? Por un lado, el salario subió “irracionalmente” y a lo largo de los últimos años dejó “desocupación y quiebre de empresas”, según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Por otro, el Gobierno está convencido que el incremento a la remuneración mensual de los trabajadores es una “compensación justa” por las utilidades millonarias que percibieron los empresarios” los últimos 12 años. Ganancias que superarían el 400 por ciento.
Días previos a la celebración del Día del Trabajador, el 1 de Mayo, sin participación del empresariado en la mesa de negociaciones, el Gobierno acordó con la Central Obrera Bolivia (COB) un incremento del salario mínimo nacional del 3 por ciento, y decidió subir el salario básico hasta en un 5.5 por ciento. Además, anunció que este año los trabajadores tendrán acceso a un doble aguinaldo.
Los anuncios no cayeron bien a los empresarios, quienes calificaron de “prebendas electorales” la decisión gubernamental y anticiparon que “habrán despidos y cierre de empresas”.
En respuesta, el Ministro de Economía, Mario Guillén, calificó la postura de los empresarios de “chantaje”, recalcó que la “economía crece” y aseguró que “no habrá cierre de fábricas y mucho menos despidos”.

Fuera de la realidad
Los incrementos salariales dispuestos en los últimos años, no se correlacionan con mejoras sustantivas de la productividad laboral; por el contrario, la productividad per cápita de un obrero en Bolivia se mantiene estancada y muy rezagada con respecto a la productividad promedio en América Latina, asegura la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en un extenso documento que puso al descubierto bajo el título de “Incremento Salarial y la Industria Manufacturera (2006 – 2017)”.
“Toda la política salarial que ha manejado el Gobierno en los últimos años, ha distorsionado el mercado, ha generado más desempleo. No puede ser que la COB, que representa a pocos (20 ó 25% del empleo formal) tenga una influencia decisoria en este tema”, protestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Mario Salinas.
El informe de la CNI señala, en este sentido, que mientras la tasa de productividad en América Latina está encima de los 0.25 puntos porcentuales, en Bolivia se ubica en 0.05 por ciento “muy por debajo del promedio”, refiere el documento al que tuvo acceso Libre Empresa.
Con un frente abierto de resistencia a la política salarial del Gobierno, Salinas anunció a este medio que el sector está a la espera de una decisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tendrá por objeto protestar contra la administración del presidente Evo Morales, por violación flagrante a convenios bilaterales que suscribió con la entidad internacional para impulsar acuerdos tripartitos a la hora de disponer de políticas salariales.
“Nosotros siempre hemos denunciado a la OIT como Confederación de Empresarios un incumplimiento al convenio internacional, y estamos esperando que se resuelva, porque eso dura dos o tres años”, declara el industrial.
El tema salarial involucra varios componentes y debería trabajarse durante todo el año. Además, el Gobierno y la COB no son los únicos que deberían tratar este tema, porque el Gobierno ha firmado un acuerdo con la OIT para una negociación tripartita, recalca la autoridad empresarial.

Los efectos negativos
La CNI llega a la conclusión de que “los incrementos salariales, dispuestos por el Gobierno, no incentivan la creación de empleos nuevos y, por el contrario, promueven la destrucción de los empleos existentes”.
Para sustentar los argumentos, el gremio empresarial apela a lo que considera, hechos incontrastables. Asegura que en 2012 cuando el incremento al Salario Mínimo Nacional (SMN) llegó a Bs. 1.000, la tasa de desempleo llegó a 3,2%, mientras que el año 2017, después que el incremento al salario mínimo nacional trepó a Bs. 2.000, el desempleo subió a 4,5%
Pero aún hay más. Para los industriales, en 2006 las importaciones de bienes de consumo no duradero (alimentos, bebidas, fármacos y textiles) llegaron a $us 336 millones, cuando el SMN era de Bs. 500; empero, en 2017, cuando el SMN creció 300% y llegó a Bs 2.000, las importaciones de consumo no duradero aumentaron 254% llegando a $us 1.190 millones.
En 2014 las exportaciones industriales alcanzaron a $us 3.635 millones, cuando el Salario Mínimo Nacional era de Bs 1.440.
En 2017, las exportaciones industriales cayeron a $us 2.598 millones, cuando el Salario Mínimo Nacional subió a Bs 2.000.
Es decir, desde el año 2014 hasta 2017, a medida que llegó a incrementarse el Salario Mínimo Nacional cayó en paralelo el valor de las exportaciones industriales manufactureras en el país, apunta la CNI.
Para el Gobierno, la realidad es otra. El valor de las exportaciones tuvo un crecimiento de 10,7% durante la gestión 2017. Cabe destacar que la exportación de hidrocarburos y minerales lideraron este incremento positivo, según Guillén.

Rentabilidad empresarial por los suelos
El balance empresarial puso al descubierto otra realidad más, a juicio del gremio, que marca la vida económica del Estado.
Otro efecto inmediato del alza irracional del salario frente a la productividad, tiene que ver con la rentabilidad de las empresas, expuso argumentos.
Sucede que a medida que sube el Salario Mínimo Nacional, cae la rentabilidad de las empresas en Bolivia, asegura el informe.
De esta manera, si en 2008 la rentabilidad de activos ROA de las empresas era 10% cuando el SMN llegó a Bs 577, a medida que sube el SMN cae la rentabilidad de las empresas. En 2016 el SMN llegó a Bs 1.805 y la rentabilidad de activos ROA cayó a 1,47%.
Es decir, las empresas están depreciándose sustancialmente, señala el informe oficial de los industriales.

“Empresas en crecimiento”
En respuesta a esta visión empresarial, el Gobierno señala que
el número de empresas en el país continuó incrementándose de forma consecutiva desde 2005. En 2017 se crearon 18.882 nuevas empresas que representan un crecimiento de 4% respecto al saldo de 2016 de 284.271 empresas, subraya Guillén.

Para el vicepresidente Álvaro García Linera, la realidad, sin embargo es distinta. “Si uno revisa las ganancias del sector empresarial en los últimos 12 años, son sustanciales y estamos contentos que sea así y queremos que siga así, pero no es que hemos tenido un sector empresarial en retirada, sino un sector empresarial que se ha expandido”, declaró efusivo en ocasión de la inauguración de la Feria Internacional de Cochabamba.
La autoridad, al igual que los empresarios, apeló a los números y resultados para sustentar sus argumentos. “Las ganancias del sector empresarial desde el 2005 al 2017 se han incrementado en 410%”, cerró cifras.
Es más, según García Linera, el año pasado el sector empresarial reportó ganancias que llegaron a Bs 27.700 millones. En consecuencia, “si comparamos con las ganancias del sector empresarial el año 2005 éstas llegaron a 6 mil, año 2017 a 27 mil, lo que significa un incremento del 410%”, recalcó cifras la autoridad.
Para apuntalar más esta realidad, Linera reconoció que “evidentemente unos han ganado más que otros, y los más afectados han sido (las industrias de) hidrocarburos, estatal y privado extranjero, las compañías mineras; pero los otros sectores han tenido un crecimiento notable”, blindó posiciones.
Para el vicepresidente, el comportamiento del sector en cuanto a crecimiento fue el siguiente: El sector servicios, del 2005 al 2017 ha incrementado sus ganancias en 632%. El sector manufactura, en 400%,
Agricultura, caza y pesca, en 600%
El sector extractivista, que tiene que ver con minería e hidrocarburos, ha tenido una tasa de crecimiento menor, 200%, indica.
Por lo tanto, lo que está haciendo el Gobierno y anunciando “no son decisiones que apuntan a quitar la capacidad financiera del sector privado, sino que son decisiones que apuntan a generar una redistribución de la riqueza, porque sabemos que no se distribuye la pobreza, lo que se distribuye es la riqueza; hay que generar más riqueza para distribuir”, subrayó el vicepresidente.

$us 15 mil millones en AFPs
El vicepresidente puso al descubierto también que existen recursos por $us 15 mil millones parados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), fondos que no serán administrados por el gobierno, sino invertidos por el sector privado.
“El Estado no pide dinero de la banca privada; el Estado tiene sus reservas internacionales, tiene sus propios recursos del Banco Central; pero la banca privada está fundamentalmente para el sector privado, y sabe el sector empresarial que aparte de estos 24 mil están los 15 mil millones de dólares de las AFP, que no los usa el Estado, se canalizan vía Bolsa de Valores. ¿Quiénes los usan? El sector privado”, declaró el segundo mandatario.
Frente a estos antecedentes, “no se puede decir que el Gobierno toma medidas agresivas en contra del sector privado. Esto es clarísimo, no es retórica lo que les estoy contando, porque nuestro modelo de desarrollo, de tasas de crecimiento entre 4 y 5 %, tiene al Estado, como el gran redistribuidor de la riqueza; y al sector privado como el gran dinamizador de la economía”, enfatizó García Linera a los empresarios.  El Estado “necesita al sector privado, fomentamos al sector privado, lo apoyamos. De rato en rato le decimos ¡un momento! Distribuye un poco también la riqueza, distribuye la riqueza. Y lo hacemos de una manera racional”.
Un incremento del salario mínimo nacional del 3% “es un incremento racional, porque está simplemente supliendo la tasa de inflación del 2017”, subraya agregó.

Política salarial
La Cámara Nacional de Industrias también planteó una propuesta orientada hacer realidad una “política salarial” bajo seis lineamientos básicos: Derecho de consulta a empleadores por parte del Gobierno de acuerdo al Convenio 26 de la OIT, Tratamiento no discriminatorio de la política salarial: público y privados (D.S. 2348), Política Salarial Quinquenal, Política Salarial para fomentar la inversión y competitividad empresarial, Política Salarial para mantener los equilibrios fiscales (-7,4% del PIB = Déficit Fiscal 2018), y Universalización de la política Salarial para generar empleo formal y reducción del empleo informal.
En ese entendido, los industriales señalaron también que el incremento salarial al Haber Básico debería estar en función de la inflación (2,71%), El incremento al SMN debe ser congelado, porque cumplió su rol de igualar las asimetrías salariales existentes y el incremento salarial debe ser desvinculado de los bonos y subsidios por su efecto multiplicador (Bono antigüedad, Subsidio prenatal y lactancia, otros bonos).

Posición del Cedla
El incremento de 5,5% al Haber Básico es sólo una reposición de la capacidad de compra del salario perdida por efecto de los precios. Sin embargo, como el salario promedio de los obreros está por debajo del valor necesario para reponer la fuerza de trabajo gastada en la producción (valor conocido como canasta familiar o salario mínimo vital), la actualización o reposición nominal sólo restablece el valor de un salario miserable, señala Carlos Arze, del Cedla.
Observa que con el incremento irrelevante de 3% al SMN se pretende congelar el “piso” de los salarios que negocian los empresarios. Como éste es de cumplimiento obligatorio o legal, en los hechos el monto de éste será la base de los salarios que se ofrezcan a los nuevos obreros. “Quiere decir que, en un escenario de inflación y desempleo, la intención del gobierno —coincidente con la demanda empresarial— pretende tirar hacia abajo el referente principal de las negociaciones de nuevos empleos. Por eso, considerando que muchos trabajadores, especialmente los jóvenes que se suman al mercado laboral, ganan un SMN o una fracción de él, su congelamiento resulta ser aún más nocivo que el bajo incremento del salario básico (5,5%)”, argumenta.
Asimismo, agrega, como se congela —en la práctica— el SMN, también se congelan los beneficios que se calculan en base a su valor: subsidios, antigüedad, etc., e inclusive el cálculo del mínimo imponible para pagar el impuesto RC-IVA que grava los salarios.
“El incremento del 5,5%, que nominalmente duplica la tasa de inflación (2,7%) del año pasado, no alcanza a cubrir el esfuerzo productivo de los trabajadores, expresado en la tasa de crecimiento de la economía (PIB real). En efecto, si el incremento nominal significa una reposición de la capacidad de compra o salario real en un 2,7%, el restante 2,8% constituiría un reconocimiento al incremento de la producción en términos reales, es decir al crecimiento del PIB, que el año pasado alcanzó el 4,2%”, explica.
En resumen, concluye Arze, quiere decir que los trabajadores habrían producido en términos reales un valor superior, en alrededor de 1,4%, después de descontar la fracción del incremento salarial que excede la tasa inflacionaria.