Pasar al contenido principal

Inquilinos Vs Propietarios encienden debate por las rentas

Debido a la emergencia sanitaria está en curso una ley que ha encontrado adhesiones y rechazos. En la época de Gualberto Villarroel ya hubo una Ley similar.

 

Texto: Monica Briançon Messinger

Fotos: Archivo

 

Un 31 de marzo, que parece haber sucedido hace mucho, mucho tiempo, fue el día que comenzó el altercado sobre el pago de los alquileres.

Comenzó a escasos días de la emergencia sanitaria. El Ministro de Economía, José Luis Parada, dijo que «no se puede pedir a la gente que desaloje», refiriéndose a los inquilinos que no podrían pagar por sus alquileres e indicó que estaban analizando cómo afrontar este tema «coordinando para dar alternativas».

Solicitó tolerancia a los dueños de casas, cuartos y tiendas en alquiler. Simultáneamente, las personas que dan en alquiler sus inmuebles, expresaron su preocupación por los pagos que se les llegaría a adeudar, principalmente aquellas que utilizan ambientes para el comercio, pues no pudieron generar ingresos por la cuarentena total.

El 3 de abril, el diputado de MAS, Víctor Borda, presentó un proyecto de Ley que difería el pago del 50% de los alquileres y a cambio recompensaba a los dueños de casa con descuentos en impuestos nacionales y municipales. El proyecto, además, prohíbe el desalojo de los inquilinos hasta fin de año.

«Este proyecto de Ley pretende que los dueños de casa ‘perdonen’ el 50% de los alquileres a sus inquilinos los meses que dure la emergencia sanitaria por el Coronavirus, teniendo en cuenta los graves efectos económicos que esta conlleva; el 50% perdonado será pagado después del 1 de enero de 2021, en base a una negociación entre las partes», explicó Borda.

El 4 de abril, el mismo diputado admitió que no pensó que fuera tan alto el número de personas que vivían en alquiler.

Según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 15,1% de 3,46 millones de viviendas en el país están en alquiler, es decir, 523.194.

En ese entonces hubo dos proyectos de ley para la reprogramación del pago de alquileres propuestos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El ministro de Economía, José Luis Parada, estipuló que de darse ese posible beneficio sería para los arrendatarios que «cumplen con todos los requisitos legales», como el pago de impuestos, entre otros.

 

No es la primera vez

Esta ley no es inédita. Durante el gobierno de Gualberto Villarroel, un 3 de enero de 1945, se promulgó la Ley de rebaja de alquileres.

En ese momento se fijaron techos porcentuales de rebaja mensual respecto a las sumas que se pagaron en ese entonces. La ley indicaba hasta Bs 1.000 el 30% de rebaja mensual; desde Bs 1.001 hasta Bs 2.000 el 20%; desde Bs 2.001 hasta Bs 3.000 el 15% y desde Bs 3.001 hasta Bs 5.000 el 10%.

El artículo cuarto expresaba que «ningún locador, arrendador o sub-arrendador podrá reducir o suprimir los servicios higiénicos, de agua potable, luz eléctrica, etc., a raíz de lo dispuesto por la presente ley. En caso de hacerlo, los infractores serán sancionados con una multa de mil bolivianos a cinco mil bolivianos determinada por las municipalidades según la magnitud del hecho».

Llama la atención que también se promulgase que  «mientras dure la actual escasez de vivienda suspéndase, asimismo, los juicios de desahucio de locales ocupados por escuelas, clínicas, asilos, imprentas, radiodifusoras, talleres, locales sindicales y otros establecimientos de asistencia social» o que «los fondos obtenidos en concepto de multas, según lo determinado por los artículos 4o. y noveno de la presente ley, serán destinados a incrementar los recursos para el Desayuno Escolar en el respectivo distrito».

Habrá que recordar que durante el mandato de Villarroel se promulgó un número de reformas profundas, incluidas el reconocimiento a los sindicatos, el derecho a pensión, al retiro voluntario y la abolición permanente del pongueaje y mitaje. También creó una asamblea indígena, la primera de este tipo en la historia de América Latina, e instituyó reformas sociales.

El periódico La Calle, un 22 de abril de 1943, informó sobre las condiciones de vida de los obreros mineros de Milluni, que eran comunes a los centros de trabajo.

Manifestaba que los obreros vivían en viviendas precarias, con pisos de tierra, sin ventanas, que eran al mismo tiempo, cocina, dormitorio y comedor. En esas covachas, de cuatro por ocho metros, se metían hasta once personas. En el campamento Laikakota las viviendas eran casi cuevas con techos de latas. Sin farmacia ni médico.

En esta segunda ocasión, la ley sigue más o menos los mismos lineamientos que se dieron en la ley de Villlarroel.

Respecto al espíritu que anima a la ley del siglo XXI, el abogado Carlos Soruco Deiters, señala que «se requiere que cualquier norma a ser aprobada esté basada en aspectos y principios técnicos, económicos y sociales, y no así en cálculos políticos, propios de prolegómenos electorales, debiendo separarse, además, lo concerniente a rentas para comercios y rentas de vivienda».

El economista Carlos Ágreda Lema expresa que la ley es anticonstitucional y desincentiva la inversión. Está de acuerdo en que no se debería desalojar a los arrendatarios, sobre todo para precautelar la salud de los inquilinos, «pero eso no significa que los inquilinos dejen de cumplir con sus obligaciones».

 

Observaciones

En esos primeros días de abril las autoridades de gobierno admitieron que antes debieron estudiar las posibilidades de dicho proyecto de Ley, porque el tema de los alquileres es privado, entre partes, y no se puede involucrar como Estado. El Ministro Parada llamó a ambas partes a sentarse a dialogar y establecer acuerdos internos que permitan superar el problema.

Habría de pasar un mes para que el 7 de mayo la Cámara Nacional de Comercio, CNC-Bolivia, rechace el proyecto de ley de condonación y reprogramación de alquileres, al considerar que vulnera los derechos de propiedad.

«Un contrato entre privados está debidamente protegido por la ley y la Constitución, así como el propio Estado, que no debería tener injerencia a ese nivel. Una ley de éstas características no debería fracturar dicha estructura institucional», aseguró el presidente de la CNC-Bolivia, Rolando Kempff.

Comunicó que una comisión jurídica y un grupo de especialistas del gremio la analizaron e identificaron «una serie de observaciones», por lo que «se podría» presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para declarar la nulidad de la norma.

Ágreda Lema acota que muchos jubilados han invertido en un bien inmueble para favorecer a sus magros ingresos y si se les quita el monto percibido por alquileres «se los perjudica gravemente».

Agrega señaló que la ley está fuera del efecto directo y genera incertidumbre a futuro porque puede incidir en el mercado inmobiliario y al sector de la construcción, que representa el 4% del PIB, empleando al menos a medio millón de personas.

Soruco Deiters añade que se debe tomar en cuenta que la misma pretende afectar una relación contractual bilateral entre privados con prestaciones sinalagmáticas, aspecto que ha suscitado mucho debate entre los entendidos, por encontrar que se vulnera el principio de la propiedad privada.

«Al respecto, debe tomarse en cuenta que esta pandemia, sumada a las medidas gubernamentales que declaran la crisis sanitaria, hacen que se configure una situación anómala y excepcional, y que la vivienda es un derecho humano, aspectos que justifican una medida regulatoria», exterioriza el abogado.

 

Idas y vueltas

El 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó la Ley y pasó al Senado para su sanción. Ese día el diputado Amílcar Barral expresó su desacuerdo con la norma, puesto que muchos propietarios viven de los alquileres. Dijo que su propuesta era dar plazo para el pago del alquiler de uno a dos años o que se prorratee la cuenta.

Deploró que con la norma aprobada tampoco se puede obligar a los municipios a rebajar sus impuestos para los propietarios.

La Ley continuó por los vericuetos burocráticos y el 9 de junio el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones al proyecto de Ley Excepcional de Arrendamientos.

La Cámara de diputados no aceptó estas modificaciones y el diputado Borda, proyectista de la ley, expresó su molestia, señalando que pareciera que los senadores modificaron la norma «pensando más en el patrimonio de los propietarios y no así de la gente humilde».

Rememoró que el proyecto disponía la rebaja del 50% de los alquileres desde marzo y mientras dure la cuarentena, pero los senadores cambiaron esa disposición y fijaron que la condonación se haga a partir de la promulgación.

Borda rechazó la modificación que hizo el Senado bajo el argumento de que si la rebaja será a partir de la promulgación no serviría de nada, porque ya se ha levantado la emergencia sanitaria.

De la misma forma, el texto original preveía que los municipios puedan rebajar el 50% del impuesto a la propiedad para los propietarios que condonen alquileres, sin embargo, el porcentaje fue quitado en el Senado.

Ante el rechazo en la Cámara Baja, lo que corresponde por procedimiento es que la ley se trate en Asamblea, es decir, en una sesión conjunta de diputados y senadores.

La diputada María Calcina, de Unidad Demócrata, criticó que la Cámara de Senadores modificara completamente el sentido de la Ley y señaló que la Ley deber recuperar el sentido de solidaridad y apoyo a los ciudadanos que no han podido generar recursos durante la cuarentena, pero que de todas formas deben pagar alquileres.