Agenda necesaria para un mejor rendimiento empresarial

La agenda propuesta por la FEPC fue trabajada desde noviembre pasado, con el aporte de todos los sectores en el diagnóstico, debate y planteamiento de soluciones.

Desde la entidad que agrupa a los diferentes sectores empresariales de la región, se han venido presentando planteamientos para lograr una mayor tasa de crecimiento económico de la región, pero esa tarea implica una respuesta de parte del sector público.

Uno de estos intentos del empresariado fue la presentación de la agenda empresarial de Cochabamba, que tiene definidas cinco áreas en las que es necesario trabajar para facilitar el desempeño del sector. 

Normativa y regulación; incremento de la presión fiscal y parafiscal; empleo y empleabilidad formal; productividad y competitividad; y elaboración de proyectos estratégicos, son las cinco temáticas que se debatieron en cinco mesas de trabajo en las que participaron los representantes de todos los sectores afiliados a la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

Cada una de estas áreas tiene subtemas específicos que fueron identificados por los representantes de cada sector empresarial, quienes además plantean una solución en el afán de ser propositivos.

El documento fue difundido el pasado miércoles 20 de febrero, en una conferencia de prensa en la que participaron junto al presidente de la FEPC, Javier Bellott, representantes de otras entidades empresariales, como Industria, Exportadores, Pequeña Industria, Construcción, Medios de Comunicación, entre las principales.

Normativa y regulación

La simplificación de trámites es una de las necesidades más urgentes. Se identificaron alrededor de 35 instituciones con las que tiene que interactuar una empresa privada para su funcionamiento, muchas de ellas suponen trámites innecesarios y gasto de tiempo, lo que genera a las empresas costos adicionales, además de lentitud en sus procesos productivos. 

Para resolver este tema, se plantea la utilización de una firma digital única para todas las instituciones, ya existe y se encuentra operativa en el país mediante la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB).

En el sector de la construcción, hay varias demandas de modificación del decreto 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Se plantea un ajuste a la norma sobre boletas bancarias y pólizas de seguro para que la demora en el pago se establezca como causal para resolución de contrato, ya que el retraso afecta la liquidez de las empresas que deben incurrir en costos tributarios adicionales. 

Los constructores también reclaman por el trato desigual a las empresas nacionales, reflejado en el bajo nivel de adjudicaciones a empresas nacionales en proyectos de magnitud. Para revertir esta situación, se plantea realizar un ajuste a la norma modificando el margen de preferencia para incrementar el porcentaje de participación de empresas nacionales.

Por su parte, el sector exportador pide que se modifique la reglamentación de la Ley 3420 que declara Zona Económica Especial al trópico de Cochabamba, para que incluya también al Parque Industrial de Santiváñez y al centro Logístico de Comercio Exterior (ubicado en el ex aeropuerto Jorge Wilsterman).

La presión fiscal

En el Reglamento de la Ley General de Aduanas se busca igualdad de condiciones para empresas públicas y empresas privadas, en materia de retiro de mercancías, regularización del despacho inmediato, modalidades del depósito aduanero, depósitos transitorios, mercancías admitidas temporalmente, prescripción tributaria. 

En cuanto a la aplicación de multas, al no tratarse de un único tamaño de empresas, la FEPC sostiene que  no puede existir un único tamaño de multas, por lo cual se establece una propuesta escalonada con 4 categorías para las multas: micro, pequeñas, medianas, grandes.

Sobre la emisión de facturas, se ha identificado que la cadena de distribución formal tiene un quiebre en el sector de los minoristas, quienes adquieren productos de contrabando, práctica que constituye competencia desleal para la industria nacional. 

Son necesarios incentivos para que los minoristas prefieran realizar sus compras, con factura, de mayoristas formalmente establecidos. Al respecto, se plantea un nuevo cálculo para el RC-IVA, sobre la base de un salario mínimo nacional para fomentar la emisión de facturas.

También se ha identificado que, por las características de operación de muchas empresas, los plazos de compensación del IVA e IUE son insuficientes y generan pérdidas en las unidades productivas. Se propone ampliar el plazo del IUE de 1 a 2 años y del IVA de 1 a 3 meses.

Empleabilidad formal

Entre las principales conclusiones en este aspecto, se señala que la normativa laboral vigente no se adapta a la realidad de las empresas en el país, ya que los sistemas de compensación no contemplan regímenes especiales; se otorga remuneración extraordinaria en turnos diferenciados, lo cual incrementa el costo de producción para un mismo producto en turnos diferentes y resta competitividad a los productos nacionales.

Los empresarios consideran que es preciso identificar y normar requerimientos de cada régimen (cantidad de turnos y horas de trabajo), legislar jornadas laborales por turnos y establecer limitaciones a los contratos colectivos y horas extraordinarias.

Con la actual normativa sobre el despido justificado y la reincorporación, no existe la posibilidad de desvincular un trabajador sin riesgo de tener que atravesar por un proceso de reincorporación, aunque la empresa haya sido afectada por las acciones de ese trabajador. Para evitar esto, es preciso legalizar las siguientes causales de despido: competencia, reestructuración, riesgo de quiebra, estado de embriaguez, entre otros.

Productividad y competitividad

La FEPC plantea hacer especial énfasis en la necesidad del fomento al consumo en el mercado interno y a la campaña “Consume o nuestro”. Eso supone propiciar la compra de bienes y servicios nacionales por parte del Estado; reglamentación de la Ley N° 516 (Promoción de Inversiones) creando exenciones tributarias; desagregación tecnológica para reducir importaciones a través del DS N° 181.

Asimismo, generar, a través de alianzas público-privadas, políticas de acción que beneficien de manera directa al sector MyPYME; inversión (a través de los POA) para capacitación, preservación, desarrollo, apoyo a la comercialización y difusión de la actividad artesanal a distintos niveles;  y apoyo a los pequeños empresarios en fases iniciales.

Para el impulso a la competitividad, la FEPC insiste en la construcción del Recinto Aduanero en el Parque Industrial Santiváñez.

Proyectos estratégicos

Cochabamba no cuenta con un ente especializado en la elaboración y gestión de proyectos, situación que demanda la creación de una entidad que canalice, desarrolle y gestione iniciativas innovadoras, que además tenga la capacidad de buscar financiamiento.

Por otra parte, el diagnóstico realizado señala que falta una visión conjunta o lineamiento estratégico que involucre a todos los actores económicos. Para subsanar esta carencia se sugiere utilizar como referencia los pilares del Plan de Dinamización de la Economía Regional (PDER), desarrollado por la FEPC, que son industria manufacturera; turismo de salud, educación y servicios; minería, hidrocarburos y energía; agricultura, pecuaria y agroindustria; ciencia y tecnología. 

La FEPC propone también trabajar en alianzas público-privadas para generar incentivos al turismo y participar en dar solución a limitaciones al crecimiento de este rubro, entre ellas la contaminación del río Rocha.

Las entidades empresariales que participaron en este trabajo destacan que los problemas identificados para el empresariado cochabambino son comunes en el resto del país.