Jubilación obligatoria: las dos caras de la moneda

Inconstitucional, discriminatorio y poco innovador para fomentar el empleo en el país, son los calificativos al anuncio del presidente de aprobar una ley para la jubilación forzosa a los 65 años.

Mientras en otros países, los adultos mayores esperan cumplir su ciclo de vida laboral para retirarse y gozar de su pensión de vejez, en Bolivia, sus potenciales beneficiarios, no quieren saber de ella, pero los empresarios llevan la pesada carga de tener trabajadores que ya deberían jubilarse y siguen ganando salarios elevados más de los normal con los incrementos salariales de la última década.

El pasado 22 de enero, el presidente Evo Morales brindó su informe en oportunidad de conmemorar otro aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Los retos y las cifras que justifican su gestión fueron la constante del mandatario en su discurso, pero el anuncio de aprobar una ley de jubilación forzosa a los 65 años fue el sonido estridente que lastimó el oído de muchos.

Inconstitucional, discriminatorio y poco innovador para fomentar el empleo en el país, fueron los calificativos al anuncio del Primer Mandatario de parte de dirigentes laborales e incluso analistas económicos.

Constitucional

“La jubilación, si bien es un derecho de los trabajadores, en nuestra realidad es una invitación a ser pobres”, dice Mario Céspedes, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba.

A la luz de la ley, el trabajo es un “derecho constitucional” que está estipulado en el Art. 46 de la Constitución  y bajo esta perspectiva, la pretensión del gobierno de habilitar una norma que obligue a las personas de 65 años a jubilarse sería “inconstitucional” y en ello se sustenta Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

“Este proyecto de ley es inconstitucional porque dentro de las causales de despido no está establecida la edad, ni siquiera en la Ley General del Trabajo. La Constitución plantea que la jubilación es un derecho, por eso es que la Ley de Pensiones y otras no hacen mención a que la jubilación es obligatoria”, sostiene.

En ese mismo tono, Oscar Tapia, Secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB), señala que el proyecto de ley que propone el Gobierno atenta contra el derecho al trabajo y los preceptos consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desempleo

¿Pero cuál es el argumento del Gobierno para inclinarse por la jubilación obligatoria? La respuesta la dio el propio Presidente en su mensaje, al considerar que dicha medida tendría como finalidad la reducción del desempleo. 

“Posiblemente sea una tarea, una obligación nuestra (…) implementar con alguna ley la jubilación obligatoria, con eso seguir bajando la tasa desempleo”, dijo. Actualmente, la tasa de desempleo del país es del 4,27%, según cifras oficiales.

El economista y analista de pensiones, Alberto Bonadona, recomienda al Gobierno preocuparse más por generar “fuentes de empleo genuinos y con salarios y rentas dignas” para jubilados y los que estén por jubilarse.

“¿Qué es lo que plantea el Gobierno, jubilación forzosa o eutanasia a los ancianos del país?”, cuestiona Bonadona, al señalar que la propuesta ataca a la tercera edad que resiste a jubilarse porque la pensión que les espera es muy baja.

“Desde mi punto de vista es una forma de eutanasia infringida. Al jubilarse, decenas de miles de personas mayores verán que su ingreso se redujo a un 20 ó 30% de su total ganado y se les impondrá un régimen de empobrecimiento brutal, que le durará el resto de su vida”, remarca.

Añade que sacrificar a los adultos mayores para crear puestos laborales para los jóvenes, “es un acto discriminatorio” que sólo refleja “el fracaso de su modelo de industrialización”.

Posición de la COB

Guido Mitma, Secretario Ejecutivo de la COB, señala que muchos trabajadores no se jubilan porque las pensiones “son de miseria”, como ocurre en el caso del magisterio, ejemplifica.

“El Gobierno debería generar condiciones para que la gente se jubile. Si las rentas fueran dignas, lo haría. Con esta propuesta vemos que la mejora de Bs. 1.000 a la pensión solidaria, no había sido gratuita, sino una ingrata invitación para que la gente se jubile de manera obligatoria”, precisa.

El dirigente Mario Céspedes anticipa una “batalla social” por la defensa de los intereses de los trabajadores. Para este dirigente, la clave está en modificar la ley de pensiones y reducir de 110 a 90 años la esperanza de vida. Esta propuesta ya está incluida en el pliego de demandas laborales de la COB del presente año.

“Reduciendo el cálculo de la esperanza de vida puede mejorar la renta, lo que invitaría a muchos trabajadores a jubilarse con una pensión de vejez más digna”, condiciona.

El Secretario Ejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Grover Alejandro, da a conocer que un 65% de los jubilados perciben rentas que no superan los Bs 3.000, ingreso que “no cubre las necesidades para la alimentación”.

La propuesta de ley de jubilación forzosa data del año 2017 y nace en el propio Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de que desde la promulgación de la Ley 065, la cantidad de asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) fue “in crecento”. 

CEPB: Jubilación forzosa es una medida “parcial y aislada”

Soluciones parciales, aisladas y poco analizadas parecen desprenderse de la propuesta de una jubilación forzosa a la edad de 65 años en el país, a objeto de habilitar más fuentes laborales para las primeras generaciones de profesionales del país. 

Así lo considera el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (FEPB), Ronald Nostas, quien, en entrevista con LIBRE EMPRESA, sugiere ver el tema del empleo de forma más integral.

¿Cuál es la posición de los empresarios respecto al anuncio del Gobierno de jubilación forzosa a los 65 años, cuando la jubilación con el actual sistema de pensiones es tan bajo en el país?

Considerar la jubilación obligatoria solamente como salida para incorporar a la masa laboral joven y al primer empleo, es tener una visión parcial del problema y entender que los problemas de acceso y sostenibilidad del empleo, son solamente un asunto de reemplazo. 

Desde la CEPB hemos explicado y demostrado ampliamente que la cuestión del empleo forma parte de una compleja estructura que involucra aspectos sociales, económicos e incluso políticos que son interdependientes y constituyen un delicado equilibrio.  

Actualmente, tenemos bajos porcentajes de desempleo abierto, pero muy altos en empleo informal y desprotegido, y lamentablemente las medidas que asume el gobierno en materia salarial y laboral, están agravando esa situación. 

Decisiones como los segundo aguinaldo, los aumentos salariales elevados y desvinculados de la productividad laboral, desincentivan la contratación de nuevo personal e impulsan a la informalidad. Además, existe un desequilibrio normativo en contra de los empleadores y evidentes inequidades en el trato entre el sector público y el privado.

Nuevamente se está pensando en soluciones parciales, aisladas y poco analizadas, en lugar de enfrentar el tema de manera integral y conjunta entre todos los sectores involucrados.  

Hay que escuchar las opiniones de los jubilados, de los trabajadores activos, de las entidades que administran las pensiones y de los empleadores, primero para considerar la consistencia y aplicabilidad de la medida y luego para considerar también soluciones en otros ámbitos.

¿Es beneficiosa esta medida?

Creemos que la jubilación obligatoria no puede darse de manera lineal y mecánica. No olvidemos que actualmente la norma prevé una jubilación incluso antes de los 60 años, lo que, en realidad, es una edad de plena capacidad de trabajo. En el sector privado, por ejemplo, hay personas adultas mayores que siguen cumpliendo funciones de asesoramiento o de apoyo, sea en Directorios o incluso gerencias y que tienen la experiencia y conocimiento acumulado que no puede limitarse ni prescindirse sólo por la edad.  

En el proceso de producción, incluso las personas mayores muchas veces son verdaderos maestros que enseñan a los nuevos trabajadores, no solo las técnicas, sino los valores que son imprescindibles para formar personas eficientes, honestas y responsables. Esa realidad hay que analizarla detenidamente antes de tomar este tipo de decisiones.

¿Qué recomendaciones propone como sector?

Creo que estamos equivocando el enfoque; en lugar de reemplazar a los trabajadores, tenemos que crear fuentes de trabajo digno. Lo primero que debemos hacer es generar políticas de más empleo protegido, es decir eliminar las barreras y construir las condiciones por las cuales, el sector privado pueda activar inversiones y dinamizar el crecimiento.  Uno de los mayores problemas, tiene que ver con la precariedad del empleo joven y el primer empleo. Como los jóvenes carecen de destrezas, se emplean en el sector informal, donde se someten a una serie de privaciones y a condiciones perjudiciales; ganan menos del mínimo, no tienen seguro, vacaciones ni protección.  

Incluso, es en este ámbito donde se evidencian altos niveles de acoso e inseguridad.  La solución, entonces, no pasa por presionar un lado de la fila para expulsar a los del otro lado, sino en hacer más amplia la fila.

Magisterio, “con las barbas en remojo”

Unos 20 mil docentes en edad de jubilación continúan impartiendo clases en los colegios del país, rehuyendo así a la indeseada jubilación. Pero en la acera del frente está una larga fila de 15 mil jóvenes maestros desempleados que aguardan que los viejos se jubilen o se mueran para pugnar por un ítem.

La realidad es que muchos docentes de la tercera edad no quieren renunciar a sus cargos y no precisamente por su vocación profesional, sino por no renunciar a sus ingresos que oscilan por los Bs. 6.000, dependiendo de su escalafón y antigüedad. 

La cantidad de asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) fue evolucionando y hasta agosto pasado se tienen 2.163.602 trabajadores registrados. De este total, existen 152.120 asegurados mayores a 65 años de edad y de esa cifra se desprende que 15.253 están distribuidos en educación y la administración pública, siendo los más numerosos los de salud y educación, donde existen profesionales de 78 años trabajando.

Empresas reaccionan al anuncio

El anuncio de jubilación forzosa realizado por el Presidente Morales despertó muchas reacciones en algunas empresas, como es el caso de Comteco. Los trabajadores fruncieron su seño, pero a los ejecutivos de la cooperativa se les dibujó una amplia sonrisa.

Cerca de Bs. 7 millones significa el salario mensual de 800 trabajadores en esta empresa de telecomunicaciones, una suma bastante elevada que desde años viene preocupando a sus máximos ejecutivos que no pueden renovar su personal; más del 50% son mayores de 50 años.

Esta empresa tiene en sus planillas trabajadores que cuentan con 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad, por lo que sus sueldos son elevados, pero también por efecto del incremento salarial que el Gobierno Nacional promulga cada año.

Alrededor de 150 trabajadores se encuentran en edad de jubilación, pero no lo hacen porque sus altos salarios que superan en muchos casos fácilmente los Bs 17.000 se verían afectados por su renta de jubilación que no superaría los Bs 4.500.

 “Queremos reestructurar la escala salarial, pero no podemos bajar sueldos porque la Ley no nos permite”, dice un alto ejecutivo que prefirió guardar en reserva su identidad.

En contraste, los trabajadores en edad de jubilación en Comteco están con el “Jesús en la boca”, porque se verían alejados de su fuente laboral, algo que para muchos es un paraíso laboral habida cuenta de los altos salarios. Ocurre lo mismo en otras instituciones, como ENDE, por ejemplo, donde también existe un modesto número de gente que está en etapa de jubilación.