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sanciones administrativas

Promociones empresariales y sanciones administrativas

Desde la gestión 2011 hasta mayo de 2019, la contribución del Impuesto al Juego del 10 por ciento, sobrepasa los Bs 347 millones, siendo el 2018 el año donde se obtuvo mayores ingresos por desarrollar promociones empresariales autorizadas.

La ley O60 de 25 de noviembre de 2010 establecía que para desarrollar una promoción empresarial se debería solicitar autorización a la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), cumpliendo para el efecto requisitos legales y técnicos determinados a través de una disposición regulatoria.

Sin embargo, el año 2011, cuando la Autoridad de Fiscalización del Juego empieza sus actividades, la definición insertada en la norma citada sobre promociones empresariales genera interpretaciones ambiguas para fines de cumplimiento, motivando que se emitiera la Ley 717 de 12 de diciembre del 2012, que incorpora un nuevo concepto manteniendo la gratuidad por la participación en el sorteo, azar o cualquier otro medio de acceso al premio.

Adicionalmente, mediante disposición reglamentaria, la Autoridad de Fiscalización del Juego señala que las actividades de carácter permanente o mayores a tres años, como la acumulación de millas que realizan las empresas aéreas para beneficiar a sus clientes con un descuento, no están alcanzadas por la resolución regulatoria pertinente al caso.

Según la resolución vigente, tampoco los descuentos, bandeos o combos, la entrega de muestras gratis o degustaciones, regalos de cortesía y otros referidos a impulsar un determinado producto o posicionar una marca, se encuentran comprendidos como promociones empresariales, al igual que la entrega de premios que efectúan las entidades del sector público en ferias o escenarios de socialización de información.

De acuerdo a las estadísticas que maneja la Dirección Nacional de Fiscalización de la entidad reguladora, desde la gestión 2011 hasta mayo del 2019, la contribución del Impuesto al Juego del 10 por ciento, sobrepasa los 347 millones de bolivianos, siendo el año 2018 la gestión en la que se obtuvo mayores ingresos por desarrollar promociones empresariales autorizadas.

Asimismo, revisada la estadística del área jurídica del 2019 a manera de muestreo, se establece que la Autoridad de Fiscalización del Juego emitió un total de 87 autorizaciones de promociones empresariales en lo que va la gestión y rechazó 10 solicitudes. Del total de autorizaciones emitidas, más del 50 por ciento corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz.

De este modo, se colige que la contribución a las arcas de Estado mediante el Impuesto al Juego se ha incrementado paulatinamente en proporción a la cantidad promedio de autorizaciones de promociones empresariales realizadas en cada gestión, entre las que destacan actividades de servicio, comerciales e industriales, particularmente.

Además, se indica que hubo en la gestión presente 10 rechazos de solicitud de promociones empresariales seguramente por no haber cumplido los requisitos exigidos por la Autoridad de Fiscalización de Juegos. En este caso, y si considera la persona individual o colectiva que los argumentos expuestos por la entidad reguladora no corresponden, puede interponer el Recuro de Revocatoria ante el Director Ejecutivo o Directores Regionales y posteriormente plantear el Recurso Jerárquico mediante el Director Ejecutivo al ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que esa instancia determine lo que fuere de ley.

En gestiones pasadas, muchas empresas individuales o colectivas que aún carecían de buenas prácticas de cumplimiento de procedimientos fueron sancionadas por contravenciones administrativas consideradas graves, al no contar con un notario de Fe Pública en un acto de entrega de premios o de sorteo, empero esta situación fue subsanada por la mayoría de las empresas que recurrentemente desarrollan promociones empresariales autorizadas.

A este fin, ejecutar promociones empresariales autorizadas parece ser la opción más acertada a fin de evitar sanciones administrativas que en caso de incumplimiento podrían generar hasta la retención de fondos en el sistema financiero como consecuencia de las acciones tomadas por la Autoridad de Fiscalización del Juego.

Diseñar un proyecto de promoción empresarial contemplando requisitos que establece la resolución regulatoria y una adecuada lectura de la realidad del comportamiento del mercado, así como la concepción de la publicidad novedosa e interesante que provoque actitudes favorables de compra a cargo de profesionales de marketing y comunicación, podrían ser satisfactorios para los objetivos de la empresa.

No obstante, para facilitar el desarrollo de las promociones empresariales autorizadas, la entidad reguladora deberá seguir desarrollando actividades de capacitación, concienciación y cooperación para que los administrados se empoderen de la norma, para cumplirla adecuadamente sin temor a ser sancionados y garantizando la transparencia del sorteo y la entrega de premios a los beneficiarios. 

 

*El autos es analista, Grupo Empresarial Apoyo. 

Manuel Rodríguez Martínez

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